FGR mantiene proceso activo contra Gilda Lozoya por caso Odebrech

Durante la audiencia de cambio de medidas cautelares, el Ministerio Público Federal, señaló que existe una nueva carpeta de investigación en contra de la hermana de Emilio Lozoya que se encuentra en trámite y pendiente de su judicialización.

Las indagatorias se encuentran dentro de la causa penal 117/2017, con número de expediente FED/SEIDF/CGICDMX/0000117/2017, que corresponde a la investigación principal de la FGR sobre los sobornos de Odebrecht en México.

En 2019, la extinta PGR informó que el 16 de febrero de 2017 el entonces procurador Raúl Cervantes Andrade estuvo en una reunión con procuradores de Latinoamérica, “misma en la que se suscribió un convenio por el cual las autoridades de Brasil se comprometieron a proporcionar la información referente a la investigación, y las autoridades de México se comprometieron a no ejercer ninguna acción civil, administrativa o penal en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht”.

El convenio fue ratificado por México el 16 de febrero y dos veces más el 14 de junio de 2017.

Las indagatorias que tiene la fiscalía por presuntos actos de soborno, está involucrado el ex director de Pemex Emilio Lozoya, luego de que Odebrecht habría entregado cohechos por 10.5 millones de dólares entre 2010 y 2014 a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Para el abogado Alejando Rojas cuestionó la urgencia de la FGR de ingresar a su representante a u penal femenil. “Está es una cuestión política para distraer de los problemas en el país desde las más altas esferas. Si estuviéramos hablando de narcogobernadores, se aplicaría todo el peso de la ley, pero estamos hablando de una señorita”.

Entre los elementos técnicos y documentales presentados por el Ministerio Público de la Federación se encuentra el historial de salidas aéreas, reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera, sobre 12 estados de cuentas bancarias, 7 movimientos financieros inusuales de cuatro bancos y 1 tarjeta de crédito, estructura de apoyo familiar, datos de domicilios y falta de arraigo, inspecciones policiales de campo en la residencia donde viven sus padres, entrevista con vecinos, así como registros laborales, de seguridad social y ahorro.

No obstante, la jueza Nora Ilana García Peralta los desestimó y reprochó que la FGR haya solicitado el cambio de medidas cautelares cuando sus datos de prueba no son innovadoras. “No son novedosas, ni están actualizadas. Venir con información no actualizada para solicitar una prisión preventiva justificada no es posible. Si no pueden hacer una investigación, ¿cómo pueden decir que se ocultó?”.

“Y no la veo aquí sola, eso es el arraigo familiar quien está aquí apoyándola, les parezca o no aquí está su familia, se puede hablar mal de la familia, no defiendo nada, pero reconozco que los vínculos familiares no se rompen y es lo que valoro, y esto es para efectos de mi determinación” dijo la juzgadora.